A pedido del Superior Tribunal de Justicia, la Gobernadora de Rio Negro Lic. Arabela Carreras envió un proyecto de ley con acuerdo de ministros a la Legislatura de Rio Negro donde propicia la suspensión de la realización de los juicios por jurados por el plazo de un año.

Principalmente dicho proyecto fue motivado en la excepcional situación a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en orden al COVID-19 y la imposibilidad de prestar de manera adecuada los servicios públicos esenciales, en particular el servicio de administración de justicia.

Fundamentos del Proyecto de Ley:
En sus 8 hojas, se fundamentó la decisión entre otras cuestiones bajo los siguientes argumentos:
«En cuanto al aspecto normativo, el libro IV, Titulo II, Capítulos I y II del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, establece como modalidad de juzgamiento para aquellas personas imputada de delitos penales con amenaza punitiva mayor a doce (12) años, el sistema denominado juicio por jurados populares.

En tales supuestos, el Jurado se integra con doce (12) ciudadanos en calidad de titulares, previo sorteo del padrón electoral bajo la modalidad establecida en el artículo 36 del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro.

La citada modalidad de juzgamiento obliga a realizar audiencias de elección y selección de jurados populares y las mismas imponen la obligación de contar con veinticuatro (24) personas en una sala, a efectos de ser examinadas por las partes vinculadas al proceso, en la audiencia denominada de “VOI DIRE”.
Tras dicho procedimiento, se define la integración definitiva del jurado, quienes se verán obligadas a retornar en la fecha del juicio y las restantes liberadas de la obligación retornarán a sus hogares.

La movilización de dicho grupo de personas para los actos previos al juicio, como así los del juicio propiamente dicho, están evidenciando una serie de inconvenientes en la presente coyuntura difícil de sortear, aún pretendiendo la implementación y utilización de tecnología y los recaudos de bioseguridad que sí posibilitan la realización de otras modalidades de juicio.

Fue a partir del 1° de agosto de 2019 que se dispuso la entrada en vigor de la nueva modalidad de juzgamiento en el ámbito de todo el territorio provincial, llevándose a cabo el primer juicio en la ciudad de San Carlos de Bariloche en el mes de marzo del año 2020. Dicha primera experiencia demostró que la preparación y desarrollo del procedimiento conlleva un gran movimiento y traslado de personas, como así también, la concentración de las mismas en espacios físicos aptos para situaciones normales, pero que en las actuales circunstancias no permiten cumplir con los protocolos de bioseguridad, concretamente en lo atinente a la distancia entre personas, ya sean jurados, imputados,abogados, testigos, peritos, personal policial, operadores de sala, etc.

En ese sentido, los Protocolos vigentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, acatados por el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, desaconsejan el movimiento de personas y la reunión de éstas en espacios que no permitan el distanciamiento necesario, reiterando que los medios tecnológicos existentes no logran satisfacer las necesidades que el específico procedimiento exige, muy especialmente el crítico momento de deliberación del jurado».

Resistencia por parte de algunos colegios de abogados y de un legislador opositor:

El debate se abrió en Interpoderes de la Legislatura y se encamina para suspender los juicios populares en Río Negro, pero será por un plazo menor al año planteado por la iniciativa gubernamental.

La bancada oficialista no planteó su postura al respecto pero alentó a que los mismos sean suspendidos pero no por un año sino por solo 6 meses.

Por su parte, se invitó a participar de la Comisión a los Colegios de Abogados de la Provincia.

Dos colegios -Roca y Cipolletti- y otras dos entidades profesionales (INECIP y Asociación de Juicios por Jurado) se opusieron directamente mientras que la organización de Magistrados y las que reúnen a los letrados de las otras jurisdicciones -Viedma y Bariloche- apoyaron con ciertos reparos, solicitando un acortamiento de la suspensión.

Defensa del Proyecto:

Esta estuvo a cargo exclusivamente en la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y el Procurador Jorge Crespo.
Nadie de JSRN habló aunque la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo.
El presidente de la comisión Lucas Picas aclaró que la propuesta de suspensión respondía a un pedido del Poder Judicial tratando de explicar de esta manera la falta de postura al proyecto del STJ.
También participaron el presidente de la bancada, Facundo López y el secretario Legal del gobierno, Guillermo Ceballos.

Adhesión Plena:

El ex Secretario General del Sitrajur y actual el legislador del FdT, Pablo Barreno, compartió la suspensión en la imposibilidad general. “No se pueden por lo mismo que no se puede en las oficinas con personal hacinado”.
Indicaron los periodistas con acceso a la reunión que el actual legislador aprovechó el momento y la ocasión para indicar que el Superior debia ser reducido a “tres vocales” porque considero que “cinco sobran”. Además, entendió que faltó la invitación al gremio.

Sus compañeros de bloque María Eugenia Martini y Alejandro Ramos Mejia no emitieron opinión al respecto.

Por último, también participo de la reunión el unibloque de Cambiemos representado por el legislador Juan Martín quien se sumó al rechazo de los colegios roquenses y cipoleños.

Aún así, el análisis legislativo propiamente dicho se iniciará la semana próxima con las reuniones de comisiones.