Imprescindible reforma policial
El multifacético Martin Lozada, Ex- Juez de Instrucción Penal y actual Fiscal de Cámara Criminal de la ciudad de Bariloche, a veces en su rol de catedrático de la UNESCO, otras en la de escritor; conferencista o profesor regular de la Exma Universidad de Rio Negro, ha escrito en los ratos libres que le permite la función por la cual el Consejo de la Magistratura lo ha designado, y cuyo rol es fundamental en la sociedad barilochense, un artículo referido a la reforma de la Policía de Rio Negro. Habiendo quedado ya en el olvido administrativo, cajoneado el sumario que se le hubiere iniciado por haber autorizado un aborto en un caso no contemplado como excepción en el Código Penal, dado que la salud de la adolescente que denunció las violaciones no corría peligro, con todo ese respeto que demostró en su función, hacia el prójimo, redactó una interesante nota para la revista CIC. A continuación, Patagonia Judicial publica la referida nota:
(Por Martín Lozada, para Revista CIC*).- Ciertos escenarios de crisis sugieren la necesidad de propiciar una reforma policial. Pese a que la provincia de Río Negro cuenta con algunos que así lo exigirían, lo cierto resulta que esos indicadores suelen ser omitidos por parte de la dirigencia política e institucional.
La reforma policial implica un cambio que va más allá de sola transformación organizativa y funcional del aparato policial. Por lo tanto, no debería quedar circunscripta a los habituales tópicos en torno al sólo aumento de los recursos humanos, operacionales y de infraestructura de la institución tal cual está.
Para ser tal, debe estar precedida por una evaluación seria del impacto social del servicio que presta a la comunidad, así como en relación a su eficacia en materia de persecución criminal.
Cualquier proceso de reforma policial en contextos democráticos exige, además, que los responsables del gobierno de la seguridad pública, junto con actores de la sociedad civil, elaboren y desarrollen estrategias inclusivas e integrales de gestión de los conflictos.
En dicho marco tal corresponde que sea abordada la reforma institucional de un aparato policial. Al menos, si lo que se pretende es conformar un sistema de gestión democrática de los conflictos, así como hacer de la institución policial una organización eficaz en el control de los delitos.
Lo señalado no resulta ninguna novedad. Prueba de ello resulta que fue planteado durante el año 2012 en un trabajo titulado “Reformas policiales en América Latina”, cuya autoría corresponde a Patricia Arias y a Marcelo Saín, entre otros.
Los escenarios de crisis que sugieren la necesidad de propiciar una reforma policial suelen tener puntos en común. Entre aquéllos, uno destaca por su persistencia: la delegación de los atributos y del ejercicio del gobierno institucional de la seguridad pública y de la conducción policial a favor de la policía misma.
Se trata de una circunstancia que ha venido favoreciendo una exacerbada autonomía de las instituciones policiales, lo cual se ha traducido tanto en su auto-gobierno como en el fortalecimiento de una lógica refractaria a las prácticas institucionales esperables en una democracia de intensidad relativa.
¿Por qué los gobiernos suelen evadir cualquier intento de siquiera plantear la necesidad de tales reformas? Una primera razón puede deberse a la percepción de que se trata de procesos de difícil tránsito político.
Desde esa perspectiva, una reforma tal acarrea desafíos organizativos considerados como de compleja superación. En lo fundamental, debido a la debilidad de las estructuras de gestión política de la seguridad pública.
En segundo término, la reticencia puede originarse en la indiferencia respecto de los asuntos de la seguridad pública por parte la dirigencia política, cuando no a su apoyo directo al gobierno policial de la seguridad.
Una tercera razón puede deberse a que los aparatos policiales, así como vienen funcionando en nuestro país, constituyen una herramienta políticamente útil para dirimir los conflictos.
Y ello por cuanto resultan ser la principal herramienta institucional del sistema de seguridad pública para afrontar los conflictos producidos por los sectores populares, mediante su vigilancia y disciplinamiento social.
Además, tales aparatos resultan eficientes en el control de ciertas modalidades delictivas mediante su regulación ilegal, lo cual supone acciones dirigidas su protección y control monopólico.
Una reforma policial en contextos democráticos no debería evitar dar tratamiento a la muy cuestionada imposibilidad de sindicalización policial.
En lo sustancial, debido a que privar al colectivo de trabajadores policiales del ejercicio de uno de sus derechos fundamentales y, al mismo tiempo, exigirles que ajusten los términos de su actuación a parámetros constitucionales, constituye una contradicción manifiesta.
Una reforma seria y democrática del aparato policial debería guardar un lugar central en la agenda de gobierno, con plena publicidad, abierta al debate y a la discusión de los más diversos actores sociales.
Esas condiciones resultan de cumplimiento inexorable para ir más allá de transformaciones cosméticas y poco verosímiles.
*Catedrático UNESCO – Profesor Regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
Fuente: ADN del 08-11-2016