Viedma.- (APP) La tan mentada reforma de la constitución provincial, objetivo que surgió en el último tramo del mandato del ex gobernador radical Miguel Saiz, fue retomada por el actual, Alberto Weretilneck,  con la diferencia que éste último está decidido a impulsar su re-reelección para el periodo 2019-2023 y consolidar así un prolongado lapso de hegemonía política.

Patagonia Judicial aprovecha la nota efectuada por el Sr. Omar Livigni al diario regional APP y teniendo en cuenta la riqueza del analisis y su contenido es que procede a replicarla para que nuestros lectores tengan un buen punto de vista respecto de la reforma procesal penal en la Provincia de Rio Negro:

Esta cuestión se ha transformado en un tema recurrente para los rionegrinos, porque nunca se aleja del todo en los análisis cotidianos y se proyecta como una sombra infaltable en cada reunión, comida o mesa de café que se trate.

Las súbitas apariciones y desapariciones del tema sobre el escenario público crispan, desorientan y preocupan a la mayoría de los dirigentes, de las agrupaciones políticas, castigados por la ciudadanía en las elecciones del 2011 con el triunfo del actual oficialismo gobernante.

A partir de allí muchos perdieron protagonismo y la capacidad de  transformarse en opositores creíbles como alternativas de recambios y salvo muy contadas excepciones, las circunstancias los han transformado  en meros comentaristas de una realidad, de la que se encuentran lejanos, aislados o impotentes.

La iniciativa política, por ser la única en acción -si hay otras son minúsculas o no se visualizan-, pasa casi enteramente por el gobernador Weretilneck, pese a las dificultades del momento, la disminución de los recursos federales, algunos otros factores como los propios errores.  ¿Es que hay alguna otra variante enfrente?

Frente a la pasividad de las demás agrupaciones partidarias, algunas recién están quebrando la inercia, como el radicalismo recién organizado y el PRO rumbo a  Cambiemos, o el justicialismo armando equipos técnicos, el Gobernador persiste en sus permanentes recorridos por el territorio provincial, desde la privilegiada plataforma que le permite repartir  obras públicas, formular anuncios, asignar acciones y favores, o gestionar en Buenos Aires en defensa de sectores de la producción, llámense barrera sanitaria, fruticultura,  etc.

Ese “modus operandis” fue analizado días pasados por Weretilneck y legisladores de JSRN en la residencia oficial, en base a datos de consultoras de opinión sobre la gestión  la imagen  y performance del gobierno y las municipalidades -algunas con dificultades-, diagnóstico del que se habrían extraídos favorables resultados, aunque algunos no tanto,  y conclusiones.

El Gobernador sigue con alta buena imagen, aunque unos puntos en baja respecto a anteriores mediciones, salvo en Roca donde subió, baja calificación en la gestión en general, e índices más críticos en municipios, como Allen, con la salvedad que Martín Soria sigue midiendo muy bien, Gustavo Gennuso en Bariloche repuntó y algunos buenos datos para intendentes de localidades más chicas.

Ese quehacer marca una dinámica y apunta a consolidar dos proyectos: el fortalecimiento del partido Juntos Somos Rio Negro y lograr la reforma de la constitución provincial, con vistas a la re-reelección de Weretilneck, sumando aliados y compañeros de ruta.

La única duda que preocupa a los asesores de Weretilneck está  referida al momento de introducir el proyecto en la legislatura, si antes o después de las elecciones a diputados nacionales del año que viene, o bien, como habría sugerido el senador nacional Miguel Pichetto, aguardar la llegada del 2018, para tener un mejor conocimiento del contexto nacional y provincial, sin los apremios de consultas comiciales.

1. ha surgido un sorpresivo y sugestivo planteo que se considera favorable al oficialismo, desde un plano muy importante del Superior Tribunal de Justicia, supeditando la vigencia del nuevo Código Procesal Penal a una previa reforma constitucional para dividir la Procuración General en Fiscalía y Defensoría.

Como es fácil de suponer la propuesta de la Dra. Silvia Baquero Lazcano y los fiscales, liberó el cauce de infinitas suspicacias sobre presuntas “coincidencias” de los impulsores de esta iniciativa y el gobierno provincial.

Esa desconfianza casi automática que se percibe no es antojadiza, porque los rionegrinos de buena memoria tienen presente que el Superior Tribunal de Justica en general y determinados magistrados en particular, permitieron en distintas épocas las influencias del poder político en ese ámbito para beneficios de algunos y/o alcanzar mediante algún atajo sus altas funciones, e inclusive para direccionar las sentencias en algunas causas. Esto ha sido así, y tal vez lo es todavía, hipocresías aparte.

Al respecto es muy sugerente la opinión del Dr. Héctor Leguizamón Pondal, camarista, presidente del Colegio de Magistrados de Río Negro e integrante de la comisión interpoderes abocada a la reforma del Código Penal, quien en declaraciones a FM Nativa y la agencia APP aseguró que “no es necesaria la reforma de la constitución para la implementación del nuevo código”.

Con el agregado, en directa referencia a la Dra. Baquero Lazcano, que “esos temas no deben discutirse en el despacho del gobernador, sino en la comisión interpoderes”.

Leguizamón Pondal remató sus afirmaciones sosteniendo que “lo más importante de la reforma, que no se puede dilatar, es que va a consagrar la presencia ciudadana en la administración de justicia y el establecimiento del juicio por jurados llevará al ciudadano a esa realidad, no como usuario sino como decisor”.

Asimismo como respuesta indirecta a los fiscales rionegrinos, conocidos en su mayoría por oponerse a la vigencia del nuevo código y especialmente al juicio por jurados, el presidente del Colegio de Magistrados subrayó que “el primero de marzo de 2017  con el nuevo código en vigencia será el punto de partida, y el primero de enero del 2018 se alcanzará la plenitud”.

Una obvia alusión a la necesidad de una justica menos elitista, más democrática y transparente, más cercana a la gente,  donde los vecinos dejen de ser meros espectadores, sin arte ni parte en el dictado de las sentencias.

Las continuas manifestaciones populares frente al edificio del STJ, en la ciudad capital, cuestionando la acción de los jueces o reclamando contra la impunidad en diversas causas como la de Atahualpa Martínez o contra la corrupción de menores y la misma historia siempre presente de los crímenes irresueltos de Río Colorado,  Cipolletti, la muerte sin culpables de  Otoño Uriarte o la desaparición hace cinco años del peón salteño Daniel Solano, son ejemplos para tener en cuenta.

El único dirigente político opositor que se dejó escuchar fue Nicolás Rochas del Frente para la Victoria, quién también en FM Nativa y APP cuestionó “la improvisación y precariedad del Superior Tribunal de Justicia para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal”.

Por su parte el vice gobernador Pedro Pesatti y el secretario general de la Gobernación Matías Rulli fueron sugestivamente coincidentes en distinguir la propuesta reformista de la Procuradora, de la que el oficialismo es absolutamente prescindente, del proyecto  gubernamental, que ahora no está en agenda.

Como saldo de este episodio que dejará consecuencias, queda expuesta una situación de crisis  inocultable de la justicia rionegrina ya que es muy difícil, se diría imposible, poder justificar estas posiciones encontradas sobre el Código, su puesta en vigencia coincidentemente con el juicio por jurados, así como sobre recursos, la infraestructura y personal necesarios para cumplir con las  reformas a las leyes de la policía, de la justicia y el ministerio público.

Es que resulta complejo comprender que toda esta problemática surgiera recién ahora, después que la comisión interpoderes desde el 2015 hasta la fecha tuvo la obligación de abordar esos tópicos insoslayables, y lleva un año de trabajo sin haber arribado a consensos.

¿No hubo tiempo para el debate y las soluciones, se careció de voluntad o ambas cosas a la vez?

¿Que es en definitiva lo que sucedió allí?

Estas discrepancias se parecen demasiado a enfrentamientos internos  entre jueces y magistrados, que en su momento dejaron de lado antiguas ortodoxias y formalidades de trato, reemplazadas hoy por la presencia de grupos y rivalidades inconcebibles hasta hace muy poco, según comentarios de habituales asistentes al Palacio de los Tribunales en Viedma.

En este marco conflictual, la presidente de la comisión interpoderes, la legisladora Tania Lastra de JSRN, se encargó de informar la existencia de indisimulables tensiones entre la titular del STJ, Liliana Piccinini y la procuradora Baquero Lazcano.

Las divergencias se dan ahora, en lo que surge como una  aparente  síntesis de  importantes nuevos argumentos para  introducir en una  próxima  e hipotética carta magna, que ubicarían a un sustantivo sector de la justicia de ser sospechado y funcional a los intereses del Poder Ejecutivo.

Y frente a estos criterios, hay otro ponderable agrupamiento de magistrados que están alineados en la antítesis, ratificando ambos polos la existencia de una justicia profundamente dividida y  oficializada por la fuerza de los hechos. Esta situación de crisis estuvo más o menos oculta, pero ahora se ha presentado  públicamente en sociedad.

A partir de ahora hay cuestiones gravitantes que deberán ser resueltas en la próxima reunión de la comisión interpoderes, donde deberá dilucidarse cuál es la posición del Superior Tribunal de Justicia, si está de acuerdo o no con la  propuesta de la procuradora general Baquero Lazcano que retornará a fines del corriente mes al ejercicio de sus funciones. (Omar N. Livigni) (APP) 03-11-2016