Aunque no puedan cubrir los cargos vacantes, legisladora de Bolsón requirió al STJ otro Juez de Garantías

Hace unos días, la legisladora Adriana Del Agua (JSRN) se dirigió ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia Río Negro, para solicitar la designación urgente de un juez Penal de Garantías con asiento en la localidad de El Bolsón, entendiendo que de esta forma se facilitarían los servicios de justicia a los ciudadanos de la región, junto a la construcción de una Ciudad Judicial y a una segunda Fiscalía.
Increíblemente, hace más de 3 años que el Consejo de la Magistratura de Rio Negro no logra cubrir el cargo de Fiscal del caso para la Fiscalía N° 2 de dicha localidad y tampoco lograron cubrir el cargo de Juez del Juzgado Multifueros N° 11. En el caso del Fiscal van por el tercer concurso y en el caso de Juez se encuentra en trámite el segundo concurso en trámite.
Sin perjuicio de la enorme urgencia existente en esos dos organismos, nada se dijo al respecto por parte de la Legisladora local y, por el contrario, se solicitó crear una nueva estructura jurisdiccional con el mismo argumento que se utilizó en el 2018 para la creación de la Fiscalía N° 2: «Mediante decisiones como la de estas designaciones y la construcción de nuestra Ciudad Judicial vemos una gran posibilidad de mejorar el acceso a la Justicia en El Bolsón y que los ciudadanos no tengan que viajar constantemente a San Carlos de Bariloche. El Bolsón, es una ciudad que está creciendo y debemos acompañar ese crecimiento de la mejor forma posible«, destacó la legisladora local.
Para motivar su pedido, se dijo que el cúmulo de causas en trámite ante la Unidad Fiscal Descentralizada de El Bolsón fundamentaba este pedido de creación. Del agua indicó que «El año pasado se tramitaron en la Fiscalía de la localidad aledaña a Bariloche, más de 1.500 legajos de investigación, números que justifican la solicitud que va a permitir que las audiencias públicas se realicen allí mismo con la presencia de las partes intervinientes, así como vecinos interesados en participar y por supuesto, las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal».
Recordemos que en el año 2018 la legislatura provincial creo una nueva unidad fiscal descentralizada en la ciudad andina y llamó a varios concursos todos declarados desiertos y que al día de hoy todavía la Magistratura no puede cubrir.
El comunicado reedita la cuestión, se retroalimenta el argumentó de «se tramitaron muchas causas en la Fiscalía local» para justificar lo injustificable y pretender mostrar preocupación por una crisis judicial sin precedentes en la Provincia de Rio Negro.
¿Porque continua la crisis en Bolsón?
Del recorrido por los diferentes organismos locales se pudo recabar que ninguno de ellos cuenta con el recurso humano y material para poder desarrollar de forma eficaz el servicio de justicia que tanto se reclama.
El acceso a la justicia no está garantizado en absoluto ni para las víctimas ni para las personas sindicadas como autoras de un delito.
En Bolsón no hay Oficina de Conciliaciones, no hay Unidad Operativa, no hay Oficina de Atención a la víctima y mucho menos hay alguien que se preocupe por pensar en la designación de un Defensor Penal Público que pueda asesorar y tutelar los intereses de las personas imputadas de la ciudad.
Tampoco hay designado un Juez en el Juzgado Multifueros, por lo que la solución fue transformar provisoriamente/eterna al Juez de Paz en Juez Civil, de Familia, etc. Esa vacante en la justicia de paz fue ocupada por otro subrogante. La vacante de la Fiscalía 2 debió ser ocupada con un Fiscal titular de otra localidad, es decir, más del 50% de los organismos de la ciudad se encuentran subrogados y esta crisis no parece generarle ningún tipo de inconvenientes al Consejo de la Magistratura Provincial ni a los legisladores que representan los intereses locales.
Recordemos que, desde la modificación del código procesal penal, la dirección del proceso penal está en cabeza del Ministerio Público Fiscal, por lo que la decisión de la creación de una nueva unidad fiscal ha sido acertada para poder permitir a los justiciables y a las víctimas del proceso penal tener una respuesta rápida y efectiva cuando se plantee un conflicto primario de índole penal que requiera necesariamente de una respuesta judicial.
Ahora bien, el proceso penal para poder ser debido debe contar asimismo con la otra pata de la mesa que en la localidad falta y que al parecer a nadie le interesa tampoco peticionar: Defensores Públicos Penales.
La falta de defensa pública impide un acceso a la justicia de las personas que son sindicadas como presuntas autoras de delitos penales. La falta de presencia en territorio de los Defensores Oficiales de la III Circunscripción Penal deja huérfanos a los imputados de la jurisdicción provocando que las investigaciones penales solo tengan una pata penal y que las teorías del caso de los defensores se basen pura y exclusivamente en la crítica de la evidencia colectada por los fiscales.
Es imposible pensar la creación de un Juez Penal para esta localidad sin pensar en la creación de una Defensoría Penal Pública y a la vez de una Oficina Judicial en la localidad que permita fijar audiencias, coordinar el proceso, correr las vistas necesarias y registrar todas y cada una de las posibles audiencias que se deban realizar en esa ciudad.
Es por esto que la presentación de la legisladora pareciera ser más una expresión de deseo local que una cuestión de posible cumplimiento cuando la crisis de los organismos en la ciudad es total y la posibilidad de cubrir los cargos judiciales ya vacantes se torna cada vez más difícil de cumplimentar por la tardanza y desinterés manifiesto del Consejo de la Magistratura Provincial.