Sobreseen a los acusados por administración infiel en la Fundación Alejandría. Faltanto 20 días para culminar el período de investigación y a pedido de la fiscalía y de la defensa, el juez Mauricio Zabala dictaminó el sobreseimiento en la causa por defraudación infiel en la que uno de los imputados era el ex ministro provincial Guillermo Coco.

Además de Coco, en la causa también se investigó a Alberto Saggese, y a Mariano Schroh, secretario y tesorero de la Fundación Alejandría respectivamente, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la entidad.

El abogado por la querella (la ex diputada Beatriz Kreitman) se opuso al planteo de las otras partes y, en el tiempo que resta para la investigación -20 días sobre un total de 8 meses- pidió una auditoría sobre los estados contables de las empresas que emitieron documentación relacionada con la causa. Sin embargo, ante la solicitud fiscal, pero también luego de que se constatara con documentación el origen y el destino de los fondos por los que se imputó a los tres integrantes del directorio de la fundación, el juez dictó el sobreseimiento.

«Es absolutamente improbable que en 20 días se pueda acreditar lo que no se acreditó en toda la investigación», valoró Zabala en referencia a la investigación de los hechos denunciados originalmente. Luego, y respecto de la solicitud de la querella, el magistrado remarcó que «el planteo que se se está realizando, para que se analice la documentación, efectuado en forma genérica y sin ninguna pauta que permita suponer la existencia de alguna documentación que de alguna forma no sea legítima (en su materialidad o que el gasto no haya sido real), debió haber sido objeto de la investigación a partir del primer informe -de auditoria, sobre un total de cuatro que constan en la causa- y no solamente basar en la documentación, como se ha realizado hasta este momento».

El juez recordó que la investigación apuntó a dos bloques, ambos surgidos de un peritaje contable: la acreditación de una suma aproximada al millón de pesos y otro a una suma menor, de 92 mil pesos. «Esas erogaciones fueron aclaradas a qué se correspondían, a partir de dos nuevos informes realizados por la mismo perito, en septiembre y en noviembre 2015», indicó.

Defraudación por administración infiel
El juez se refirió a las razones por las que rechazó abrir una investigación sobre el patrimonio de los imputados y explicó que no era posible, en virtud de la figura penal que se investigaba:
«Durante la investigación siempre se puso acento en la falta de acreditación de los gastos de la Fundación. Ahora bien, en el delito de defraudación por administración infiel, es requisito, primero, acreditar el perjuicio de la fundación, para luego sí acreditar el beneficio del funcionario».

Acompañamos los dos videos de la audiencia. en el primero podrán ver los argumentos de la fiscalía, la defensa y la querella; mientras que en el segundo encontrarán la decisión del juez.